Desde el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública del Neuquén (SiProSaPuNe) presentaron un proyecto de ley para regular la carrera profesional del sector. La propuesta excluye del alcance del Convenio Colectivo de Trabajo de Salud –y de la Ley N°3118–, a los integrantes del agrupamiento profesional dependiente de la Subsecretaría de Salud. En el articulado, la iniciativa define el agrupamiento profesional del sector y en ese marco regula el acceso para constituirse en planta permanente –ingreso, estabilidad, pases internos y egreso–, al tiempo que fija condiciones para las residencias. Asimismo, establece el régimen laboral y dentro de éste la dedicación exclusiva, que implica 40 horas semanales de actividad ordinaria. En relación a este último ítem, se prohíbe la realización de cualquier otra actividad comprendida en las incumbencias del título profesional en cualquier otro ámbito o jurisdicción y bajo cualquier modalidad contractual –a excepción de la docencia y/o investigación–. En este ítem se determinan, además, la disponibilidad horaria, la institucional, para actividades no asistenciales de importancia sanitaria y para cubrir actividades extraordinarias, no pudiendo superar las diez guardias activas de 12 horas ni los diez días de guardias pasivas por mes. El límite será menor cuando así resulte de dividir en forma equitativa el total de guardias mensuales autorizadas para la especialidad o disciplina, por la cantidad de profesionales en condiciones de realizarlas. En cuanto a la carrera profesional, se la configura en seis tramos y se contempla una evaluación anual que permitirá la promoción al siguiente tramo. La propuesta detalla y diagrama las condiciones de la evaluación. En igual sentido, el articulado regula la remuneración básica y establece que todos los adicionales propios del escalafón Salud serán remunerativos y bonificables, ocasión en la que se detallan los cálculos para el complemento del básico, la capacitación específica, la dedicación exclusiva, la criticidad técnico sanitaria y la ruralidad. También se fijan los mecanismos de designación para los cargos de conducción del sector –requisitos, obligaciones y compatibilidades, valor adicional para cada tipo de cargo según el nivel operativo, subrogancias, etc–. Además, se regulan las licencias ordinarias y extraordinarias. Dentro de estas últimas, figuran licencias por enfermedades de corta y/o larga duración, accidentes laborales, maternidad o paternidad, adopción, asuntos familiares, comisiones de servicios, asuntos particulares, por situaciones de violencia, especial para desempeñar cargos electivos o de representación política o gremial, capacitación y, finalmente, por estrés. Los fundamentos mencionan que durante los últimos 15 años el sector público de la salud tuvo una significativa merma de los recursos destinados a garantizar los salarios de los profesionales, al tiempo que se vieron afectadas también las condiciones laborales. Esto se tradujo en un “éxodo inusitado” hacia el sector privado de la salud, quedando servicios de atención diezmados e incapacitados de brindar una respuesta adecuada a la población. Ante esta situación, el convenio Colectivo de Trabajo –aprobado y ratificado en mayo de este año por la Legislatura– profundizó la crisis del sector profesional en tanto se dejó afuera de la discusión al agrupamiento profesional y al sindicato que los representa, SiProSaPuNe. El Convenio –agregan los fundamentos– desacredita el régimen de dedicación exclusiva, introduce pautas de flexibilización laboral como es la figura del rendimiento óptimo, estimula el trabajo incentivado en el régimen de guardias, lo que se traduce en mayor desgaste laboral; reduce los horarios de trabajo de forma injustificada con la consecuente disminución en la atención y aumento de demanda rechazada; y cambia el paradigma de atención del sistema, priorizando la atención de urgencia por sobre la atención ambulatoria. En ese marco, la propuesta apunta a “volver a poner en valor la tarea del profesional de la salud”, a partir de la construcción de una carrera sanitaria que promueva el desarrollo profesional a lo largo de la vida laboral y establezca una estructura salarial que permita retener a los profesionales que el sistema necesita. Será la herramienta que permitirá recuperar el recurso humano profesional perdido y completar los planteles de forma adecuada, sostienen los autores. El proyecto de ley N°12.352 ingresó por mesa de entradas el 30 de noviembre de 2018 con la firma del Secretario General de SiProSaPune, Cesar Dell’Ali, y la Secretaria Gremial, Noemi Alemany.

Piden interpelación del subsecretario de Seguridad

El diputado Raúl Godoy (PTS-FIT) presentó un proyecto de resolución que solicita la interpelación del subsecretario de Seguridad, Gustavo Pereyra, para que informe sobre las medidas internas adoptadas por esa cartera a lo largo de este año con la finalidad de dar con el policía autor del disparo al legislador.

Los fundamentos señalan que el pedido de interpelación surge de la preocupación por la situación de impunidad que genera que, casi un año después, aún no se haya identificado al autor del disparo. Recuerdan que el 8 de diciembre del año pasado se llevó adelante un operativo de desalojo de la fábrica MAM dispuesto por la justicia provincial y cuando el diputado Godoy solicitaba información sobre el operativo que le fue negada, recibió un disparo en su pie izquierdo, lo que le generó un diagnóstico de “fractura expuesta”. Agregan que las pericias que obran en el marco del legajo judicial, arrojaron que la lesión fue producida por impacto de posta de bala de goma de arma policial  e individualizan al mismo sujeto policial.

El proyecto de resolución –Nº 12.354- ingresó por mesa de entradas el 3 de diciembre.

Preocupación y pedido de informe por la calidad del agua

El bloque Libres del Sur presentó un proyecto de comunicación para manifestar preocupación por el vencimiento del plazo en el que debía evaluarse el límite máximo de arsénico en agua de suministro público, plazo que fue prorrogado hasta 2017. La iniciativa señala que en Neuquén sigue rigiendo el límite de 0,05 mg/l de arsénico, que es superior a los 0,01 mg/l recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, el proyecto solicita información al Ministerio de Salud y Desarrollo Social sobre los avances en los estudios sobre “Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina – Estudios Básicos para el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas”. El pedido apunta específicamente a conocer los resultados en cuanto a los impactos en la salud humana de la ingesta de agua de suministro público y agua potable de uso domiciliario con contenidos de arsénico mayores a 0,01 mg/l.

Por el mismo tema, el bloque también presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo provincial que informe las acciones que se están llevando adelante para reemplazar o complementar las fuentes y sistemas filtración para el agua de red, en las localidades de Varvarco, Butalón Norte y Andacollo, con la finalidad de asegurar concentraciones de arsénico menores a 10 ug/l en el agua de consumo. A la vez, requiere que se informe si se realizaron evaluaciones médicas a los pobladores rurales con presunta exposición crónica a concentraciones mayores a 50 ug/l y de 10 ug/l de arsénico en agua de consumo.

Los fundamentos señalan que el Código Alimentario Argentino establece que el valor límite de arsénico que puede contener el agua para ser considerada potable es de 0,01 mg/l, en concordancia con lo que recomienda la OMS. Y mencionan para las regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, se estableció un plazo de hasta 5 años para adecuarse al valor límite determinado por la OMS, plazo que se prorrogó por otros 5 años en 2012 hasta contar con los resultados de un estudio elaborado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal. Actualmente, el plazo está vencido y no se produjeron publicaciones con los resultados del estudio, como así tampoco adecuaciones en los máximos permitidos. Remarcan que en Neuquén se está utilizando como parámetro un máximo de 0,05 mg/l.

A la vez, indican que el ministerio de Salud de la provincia realizó un estudio ampliado de arsénico en aguas superficiales del norte y centro de la provincia que arrojó que el 17% de los sitios de muestreo tuvo valores por encima de 50 ug/l el 9% presentó valores promedio de entre 10 y 50 ug/l y el 4% restante tuvo valores inferiores a 10 ug/l. Añaden que las mayores concentraciones de arsénico se encontraron en los cursos de agua de origen termal efluentes desde el volcán Domuyo.

Las conclusiones del estudio indicaron que el agua de red en las Varvarco, Butalón Norte y Andacollo presenta concentraciones de arsénico con riesgo moderado a bajo para la salud de las poblaciones, pero en valores por encima de lo que podría considerarse como “agua segura”, tomando los parámetros de la OMS. También afirmaron que los sistemas de filtración actuales disminuyen significativamente las concentraciones de arsénico pero serían insuficientes para lograr valores inferiores a 10 ug/l. Loa autores advierten sobre problemas de salud producidos por la exposición prolongada a cualquier concentración de arsénico en agua y, en ese marco, sostienen que la intención del proyecto es contribuir a resguardar la salud de la población.

Los proyectos –Nº 12.348 y 12.349- ingresaron por mesa de entradas el pasado 29 de noviembre con las firmas de los diputados Jesús Escobar y Santiago Nogueira.

Repudio y pedido de esclarecimiento por los asesinatos de dos militantes de la CTEP

Las diputadas provinciales del Frente Para la Victoria Nanci Parrilli y María Ayelén Gutiérrez presentaron un proyecto por el cual expresan su más enérgico repudio y exigen el esclarecimiento de los asesinatos de los militantes de la CTEP, Rodolfo Orellana (Buenos Aires) y Marcos Soria (Córdoba). A la vez, manifiestan preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad y de los casos de “gatillo fácil”.

En la fundamentación, las legisladoras describen los hechos sucedidos donde perdieron la vida estos dos militantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y le exigen al Estado Nacional que termine con los casos de “gatillo fácil y abuso de poder” por parte de las fuerzas de seguridad. Uno de ellos, Rodolfo Orellana, era un trabajador textil de La Matanza que murió en medio de un desalojo y Marcos Soria, productor en una huerta en el B° Angellelli de Córdoba Capital, murió de un disparo en la cabeza cuando intentaba escapar de una golpiza brutal por parte de uniformados aunque oficialmente se dijo que se trató de un intento de robo.

Motivo por el cual, exigen terminar con la violencia estatal hacia loso movimientos sociales y hacia quienes reclaman por sus derechos.

El Proyecto de Comunicación N° 12.350 ingresó por Mesa de Entradas el 29 de noviembre de 2018 con la firma de Nanci Parrilli y María Ayelén Gutiérrez –FPV- adhiere el diputado Eduardo Fuentes –FN-.

Diputados expresan preocupación y rechazo por la creación de la UniCABA

Diputados del Frente Para la Victoria, con la adhesión del Frente Neuquino, presentaron un proyecto de Comunicación por el que expresan preocupación y rechazo a la reciente sanción en la Legislatura porteña de la ley que crea la Universidad de Formación Docente (UNICABA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dado que “pone en peligro la continuidad de 29 Institutos terciarios de Formación Docente de la ciudad”.

Al fundamentar la iniciativa señalan que, en un comienzo, el proyecto presentado en la Legislatura porteña proponía eliminar los actuales institutos terciarios de la Ciudad de Buenos Aires pero, luego de su tratamiento en comisiones se acordó y ahora se contempla la coexistencia entre los institutos terciarios y la nueva Universidad de Formación Docente.

Aseguran que el proyecto salió de la subsecretaría de Planeamiento de “forma inconsulta con las comunidades educativas de los institutos terciarios y sin conocer su pertenencia política, técnica, pedagógica y didáctica con especialistas”. Al acto de presentación no fueron invitados los sindicatos docentes porteños mayoritarios (UTE y ADEMSyS) ni tampoco los 29 rectores de los Institutos de Formación Docente.

Consideran los legisladores firmantes del proyecto que con la creación de la UniCABA se conduce a “una muerte lenta de los institutos terciarios y viola la estabilidad laboral de docentes, auxiliares y suplentes, contratados”. Con la aprobación de esta ley, el Ministerio de Educación porteño pasará a tener un rol de regulador de la oferta de formación docente, será el encargado de hacer la evaluación institucional de cada profesorado y de promover su autoevaluación.

También agregan que esto ha sucedido en Jujuy donde ya se cerraron cinco IDF y no se abrieron las inscripciones a otras carreras en 2018 y en San Juan se cerraron las inscripciones para la enseñanza inicial y primaria mientras en Ushuaia se han intervenido los IFD.

Por último, los diputados señalan la necesidad de un debate real del sistema educativo con quienes conocen el sistema y con personas de comprobada trayectoria en su investigación. De lo contrario, afirman, sólo seguirán “presentado respuestas demagógicas que, lejos de mejorar la calidad y la inclusión del sistema educativo, sólo contribuyen a su agonía”.

El Proyecto de Comunicación N°12.351 ingresó por Mesa de Entradas el 29 de noviembre de 2018 con la firma de Nanci Parrilli, María Ayelén Gutiérrez –FPV-  y la adhesión de los diputados Eduardo Fuentes y Pamela Mucci –FN-.

Beneplácito por el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Los bloques UCR, PRO y Frente Renovador presentaron un proyecto para declarar el beneplácito por el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París.

Los fundamentos señalan que la Declaración Universal es un documento que marca un hito en la historia en general y en los derechos humanos en particular, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales como un ideal común para todos los pueblos y naciones.

Agregan que Argentina suscribió la Declaración Universal y en 1994 la incorporó a la Constitución Nacional junto a otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

El proyecto –Nº 12.353- ingresó por mesa de entradas el pasado 30 de noviembre con las firmas de los diputados Oscar Smoljan (UCR), Damián Canuto (PRO), Gabriel romero (FR), Carolina Rambeaud (PRO) y Alejandro Vidal (UCR).