"Para las empresas, este acuerdo modernizado entre la Unión Europea y México es una gran noticia. En tiempos de incertidumbre política, sitúa las relaciones con nuestro segundo mercado más importante de América Latina sobre una base mejorada y modernizada", dice a DW Dominic Boucsein, jefe de Comercio Internacional de Eurochambres, una asociación de cámaras de comercio europeas que representa a 20 millones de empresas.
"A pesar de haber sido testigos de un crecimiento exponencial en el comercio y la inversión con México a lo largo de los años, el antiguo marco comercial no lograba aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecía esta relación. Se quedaba corto en áreas clave como el sector agroalimentario, el comercio digital o la contratación pública", sigue el representante de Eurochambres.
"Ahora, las empresas europeas disfrutarán de un mayor acceso a los contratos públicos a nivel federal, ―incluidos los relacionados con las asociaciones público-privadas―, así como de un nuevo y significativo acceso en 14 estados mexicanos. Es la primera vez que empresas no mexicanas podrán participar en licitaciones en esas jurisdicciones", destaca.
El entusiasmo por las perspectivas que abre este acuerdo al sector empresarial es compartido por la Eurocámara. En su informe al respecto (aprobado el 8 de julio), el Parlamento Europeo apunta a la posibilidad de que más estados federados mexicanos abran sus compras públicas y "subraya la importancia del compromiso de mantener procedimientos de contratación pública transparentes, predecibles y coherentes con las mejores prácticas internacionales, como paso crucial para garantizar la seguridad jurídica y la competencia leal".
Efectivamente, "en el caso de México, es la primera vez que se abre la puerta a las compras públicas a niveles subnacionales y a dependencias de Gobierno", explica a DW Manuel Pérez Rocha, académico asociado del Institute for Policy Studies (IPS) en Washington.
"El efecto de esto que se incluye en el acuerdo modernizado puede ser muy grave para México, pues las asimetrías son muy grandes. Si bien es recíproco, la capacidad de las empresas europeas en México no es la misma que la de las mexicanas en Europa. También, atraer inversión extranjera no necesariamente beneficia al país, pues desplaza a pequeños productores regionales que no podrán competir con los precios de las grandes en una licitación pública. Es una competencia injusta", afirma el investigador.
En un artículo publicado en La Jornada, Pérez Rocha habla del nuevo acuerdo como del "Caballo de Troya europeo". ¿Por qué este acuerdo llevaría en su interior a los guerreros que harían caer a la próspera ciudad-estado? Aunque en la actual percepción de descontrol en las reglas internacionales, un acuerdo que se comprometa con reglas claras es una señal geopolítica de envergadura, son precisamente esas reglas las que critica el investigador del IPS: la facultad de las empresas para demandar a un Estado basándose en el Investment-State Dispute Settlement (ISDS).
"Es un sistema de una sola vía que sirve para que las corporaciones demanden a los Estados, no al revés", explica Pérez Rocha. "Aunque el Gobierno tiene derecho a regular, no puede tratar discriminatoriamente a la empresa, de manera injusta o no equitativa. ¿Qué significa esto? El concepto es muy vago, y son los miembros de oscuros tribunales a puerta cerrada los que deciden si se trató bien o mal a la empresa", agrega.
En un reciente estudio sobre las demandas de arbitraje inversionista-Estado, se afirma que México es, después de Venezuela y Argentina, el país más demandado por inversionistas. Basándose en los acuerdos bilaterales de protección de inversiones, en 61 casos se ha demandado a México, que hasta el momento ha tenido que pagar 450 millones de dólares y tiene pendiente aún demandas por 5.500 millones de dólares. De España, Alemania, Francia y Países Bajos son los inversionistas que han demandado al Estado mexicano.
Cabe recordar que en el proceso de transformación del acuerdo base del año 2000 en este Acuerdo Global Modernizado (AGM) de 2026, entre la UE y México se optó por dividir el tratado en dos: uno provisional de comercio y otro definitivo que incluye diálogo político y cooperación.
Dado que Bruselas tiene todas las competencias en el primero, no necesita ratificación de los parlamentos nacionales, algo que puede ser un proceso de algunos años. Tan pronto se ratifique el AGM entra en vigor un nuevo sistema, supuestamente más transparente, para disputas inversionista-Estado: el International Court System (ICS).
Precisamente en este punto, en cuanto a la seguridad jurídica para las inversiones, desde el punto de vista de la Eurocámara, al acuerdo le faltaría un capítulo específico y exhaustivo sobre energía que asegure la no discriminación de los inversionistas europeos.
A este respecto, Dominic Boucsein, comparte con DW la opinión de las cámaras de comercio europeas: "En materia de energía, un sector importante para las inversiones europeas, el acuerdo reconoce el derecho de México a regular, al tiempo que incluye una cláusula de revisión dentro de tres años a partir de su entrada en vigor para permitir nuevas discusiones en ese ámbito".
¿Qué hay de fondo? Si bien el acceso a las materias primas críticas está garantizado, las regulaciones mexicanas del último sexenio, que neutralizaron la liberalización del sector energético de 2013 y que garantizan un 54 % de propiedad estatal de las redes de energía, son percibidas por los europeos como inseguridad jurídica para sus inversiones.
Con todo, aunque hay voces críticas desde México, desde la óptica europea, la modernización del acuerdo con su segundo mayor socio en América Latina, se percibe como sustancial. Para México, la UE es el tercer mayor socio comercial en el mundo.
(rml)