Mientras crecen las denuncias sobre una presunta "raspada de olla" en el Estado antes del cambio de gobierno, Transparencia por Colombia reveló que las entidades del Gobierno Nacional suscribieron 6.717 contratos por $3,4 billones en apenas 19 días tras el levantamiento de la Ley de Garantías. El monto equivale al 45% de toda la contratación pública registrada en el país durante ese periodo.
El informe, titulado "Análisis de la contratación del Gobierno Nacional posterior a la Ley de Garantías", se basa en los contratos registrados en SECOP I y SECOP II, contrastados con el Sistema de Información Estratégica (SIE) de Función Pública, el SIGEP y el RUES.
Todo esto se conoce, además, a dos semanas de que este Gobierno deje la Casa de Nariño, en medio de denuncias y cuestionamientos que advierten un presunto intento de "raspar la olla" en distintas entidades del Estado.
Por otro lado, la organización reiteró el marco legal que motivó el estudio: "El artículo 33 prohíbe a las entidades estatales celebrar contratos mediante la modalidad de contratación directa durante ese mismo período (Ley de Garantías), salvo las excepciones previstas en dicho artículo", en referencia a los cuatro meses previos a la elección presidencial.
Ese periodo de restricción, que cubrió la primera y la segunda vuelta, se extendió del 31 de enero al 21 de junio de 2026.
Del total contratado por el Gobierno Nacional, la modalidad de contratación directa fue "utilizada en el 66 % de los contratos celebrados, lo que equivale a dos de cada tres", según se señaló en el informe.
De esos 4.409 contratos directos, 4.253 —el 96%— correspondieron a contratación por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (PSAG), es decir, vinculación de personas naturales.
Además, el documento también advirtió sobre el uso de causales excepcionales: "Llama la atención que 124 mil millones de pesos se contrataron mediante la causal de inexistencia de pluralidad de oferentes, lo que significa que para estos contratos se usó una excepción a los mecanismos competitivos que solo debería aplicarse cuando no es posible contar con más proponentes en el mercado".
Entre los 15 contratos de mayor valor suscritos por el Gobierno Nacional en el periodo —que en conjunto suman cerca de $2,5 billones y representan el 71% del valor total contratado—,el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) aparece en 11 de los 15, todos ligados al programa Vías para la Paz.
El mayor de todos fue un contrato de licitación de obra pública por $650.400 millones, adjudicado al Consorcio Variante Oriental 057 para la construcción de la variante oriental de Chachagüí, en Nariño.
El informe precisó que, aunque la mayoría de esos 15 contratos se adjudicaron por licitación pública, "dos fueron adjudicados por contratación directa (suscritos por el Ministerio del Interior) y otros dos mediante régimen especial (suscritos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares), es decir, a través de modalidades que no necesariamente requieren procesos de competencia".
Por otro lado, el documento identificó un patrón particular en la Agencia Nacional de Tierras, la entidad con mayor número de contratos directos y PSAG del periodo: "Mientras la entidad cuenta con una planta de personal de 216 servidores públicos, contrató a 6.276 personas para el apoyo a la gestión en el periodo de enero a junio".
Además, se observó que"dicha modalidad fue utilizada para vincular nuevamente a personas que ya habían sido contratadas en el mes de enero, lo que podría evidenciar una dependencia de los contratos de prestación de servicios para atender necesidades institucionales recurrentes".
Transparencia por Colombia cerró el informe con recomendaciones dirigidas tanto al gobierno saliente como al entrante.
Al del presidente Gustavo Petro le pidió "evitar la suscripción de contratos que comprometan innecesariamente la capacidad de gestión,la sostenibilidad fiscal o el margen de maniobra del gobierno entrante".
Y al Gobierno entrante le solicitó "revisar los compromisos contractuales y presupuestales adquiridos durante el periodo de transición para garantizar su sostenibilidad financiera y su adecuada ejecución".
Por último, a los órganos de control les pidió "utilizar análisis de Big Data para encontrar patrones, banderas rojas y posibles alertas en la contratación pública"durante las semanas previas y posteriores a la restricción de la Ley de Garantías.
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La organización advirtió, además, que el panorama podría cambiar: al corte del informe había 50.645 procesos contractuales aún sin firmar, que se esperaría se formalicen en los próximos días.
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