La controversia por la entrega de vehículos Ferrari en Colombia sumó un nuevo capítulo. Un grupo de compradores anunció que presentará acciones legales ante la Fiscalía General de la Nación después de asegurar que, pese a haber realizado millonarios pagos por sus automóviles, estos nunca fueron entregados.
El caso salió a la luz tras el cambio del concesionario autorizado de Ferrari en Colombia. La nueva administración, encabezada por Autos de Alta Gama Holdings Inc., informó que encontró situaciones financieras, operativas y documentales relacionadas con la gestión anterior que deberán ser revisadas antes de asumir compromisos con los clientes afectados.
Según información revelada por El Tiempo, varios compradores pagaron una parte significativa del valor de sus vehículos de lujo, pero hasta ahora no han recibido una fecha clara de entrega ni una explicación sobre el destino de los recursos consignados.
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La incertidumbre llevó a algunos clientes a contactar a Henry Ávila, representante suplente de Autos Italianos de Colombia en Bogotá. Sin embargo, el directivo les respondió que ya no hacía parte de la administración de la empresa y les recomendó buscar asesoría jurídica para intentar recuperar el dinero invertido.
En una comunicación conocida por El Tiempo, la nueva distribuidora explicó que, por el momento, no puede establecer plazos ni comprometer fechas de entrega. Señaló que primero debe finalizar la revisión de toda la documentación y conocer con precisión las operaciones realizadas por la administración anterior.
Durante ese proceso de transición, la compañía aseguró haber detectado inconsistencias en la información financiera, documental y operativa de Automóviles Italianos de Panamá S.A. y Autos Italianos de Colombia S.A., empresas que anteriormente pertenecían a Italian Motors Holdings S.A. y que posteriormente fueron entregadas como parte del pago de un préstamo respaldado con garantía prendaria.
Ante la falta de respuestas concretas, varios clientes preparan denuncias por presuntos delitos como estafa agravada y concierto para delinquir. Además, algunos afectados consideran que las autoridades también deberían establecer si existen elementos para investigar un eventual caso de lavado de activos.
En medio de la controversia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que requirió información a Autos Italianos de Colombia S.A., hasta hace poco representante oficial de Ferrari en el país, para establecer si la empresa cumplió con las normas de protección al consumidor.
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La entidad explicó que la actuación se inició tras conocer el caso a través de los medios de comunicación y busca esclarecer las condiciones comerciales bajo las que se ofrecieron los vehículos, la publicidad realizada y el impacto que tuvo la terminación de la relación con Ferrari sobre la entrega de los automóviles.
La SIC precisó que, hasta ahora, no ha recibido denuncias formales ante la Delegatura para la Protección del Consumidor y que solo tiene conocimiento de 10 casos, por lo que, en principio, considera que se trataría de una situación de carácter particular y no de una afectación colectiva.
No obstante, la entidad indicó que evaluará la información solicitada para determinar si hubo incumplimientos a la normativa de protección al consumidor y si es necesaria una intervención adicional.