La relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más críticos en años. La indignación por la muerte de 18 mexicanos en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detonado una crisis diplomática agravada por una compleja agenda de temas, como la revisión del T-MEC y una serie de investigaciones judiciales que involucran a altos funcionarios mexicanos.
En su conferencia de prensa de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que México prioriza mantener un diálogo constructivo con la administración de su homólogo Donald Trump, pero advirtió que el Estado mexicano no permanecerá omiso ante lo que considera ilegalidades e intromisiones en su soberanía.
"No se trata de entrar en una confrontación, pero tampoco se trata de que, si vemos algo que no es correcto, que es ilegal, o que no cumple con lo que debe ser, nos quedemos callados", apuntó la mandataria acerca de las acciones legales contra el ICE emprendidas por México.
En tanto, la administración de Trump también ha señalado injerencia en su soberanía. A través de su cuenta de X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental informó que su encargado, Michael Kozak, se reunió en Washington con el embajador mexicano Roberto Lazzeri. En el encuentro le devolvió al funcionario diversas cartas enviadas por México, pues "pretenden dirigir las acciones del personal del gobierno de Estados Unidos que opera en territorio soberano estadounidense", por lo que hizo un llamado a que expresara sus inquietudes por la vía diplomática, "como es habitual".
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, eleva el tono diplomático. Foto: Cuartoscuro
En el centro de esta crisis diplomática está una tragedia humanitaria que ha dejado de ser una estadística para convertirse en un imperativo de justicia: la muerte de 18 ciudadanos mexicanos bajo custodia o durante operativos de ICE. Lejos de tratarse de incidentes fortuitos, los decesos —que abarcan desde negligencia médica en centros de detención hasta el uso desmedido de la fuerza letal en redadas— revelan un patrón sistémico de deshumanización denunciado por diversas organizaciones civiles.
Al analizar las historias de las víctimas, emergen patrones en la actuación de los agentes federales. En los centros de detención, uno de los señalamientos más frecuentes es la demora o la omisión en la atención de padecimientos crónicos.
Hay casos documentados de personas con condiciones como diabetes o hipertensión que fueron privadas de sus medicamentos esenciales o ignoradas tras reportar síntomas críticos, siendo etiquetadas erróneamente como "simuladores" hasta que el deterioro físico se volvía irreversible. Esta "negligencia burocrática" se traduce en muertes evitables que ocurren entre cuatro paredes, bajo una custodia que, en teoría, debería garantizar la integridad física de las personas.
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En cuanto a los operativos en campo, la constante es la escalada innecesaria de violencia. El caso de Lorenzo Salgado Araujo, en Texas, es emblemático de un protocolo en el que la fuerza letal se activa antes que los intentos de mediación o detención controlada.
Relatos de testigos y familiares sugieren que, en estos procedimientos, los agentes de ICE han adoptado tácticas de confrontación militarizada en las que el origen nacional de la persona parece funcionar como un sesgo que justifica el uso de armas de fuego ante cualquier movimiento percibido como "amenazante".
Estos 18 fallecimientos de mexicanos han llevado a la presidenta Claudia Sheinbaum a elevar el tono diplomático, pasando de las notas de protesta formales a la presentación de denuncias penales ante fiscalías estadounidenses y al escrutinio internacional. El Estado mexicano sostiene que existe una cultura institucional de impunidad dentro del ICE, cuyos agentes rara vez enfrentan consecuencias disciplinarias o penales por sus acciones.
Durante el segundo periodo de Donald Trumo como presidente de EU han muerto 54 personas bajo custodia del ICE. Foto: AFP
Desde el 20 de enero de 2025, cuando inició el segundo periodo de Donald Trump como presidente de EU, 54 personas han muerto bajo custodia del ICE. Las muertes han ocurrido en el marco de la declaración de una emergencia nacional en la frontera y el cierre del sistema de citas CBP One, que dejó a miles de personas sin oportunidad de solicitar asilo, además del aumento de la presencia militar y la intensificación de esfuerzos para detener y deportar a personas migrantes.
De acuerdo con la asociación civil Amnistía Internacional estas prácticas han generado "devastadoras consecuencias" que vulneran el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de los refugiados.
Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional México, subrayó que ante este panorama, la exigencia mexicana de justicia choca con una realidad operativa en Estados Unidos, pues las muertes de migrantes bajo custodia no son incidentes fortuitos, sino resultado de factores estructurales y una política coyuntural racista.
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"No se puede dejar de observar que esto no es un hecho aislado, sino que corresponde con una narrativa y unas prácticas, por parte de la administración Trump, en las que la política está orientada al rechazo activo hacia la población inmigrante y de las poblaciones racializadas no blancas que habitan en el territorio", señaló Olivares.
Según la experta, desde hace al menos 50 años las fuerzas de seguridad de Estados Unidos "se han caracterizado por tener patrones de uso excesivo de la fuerza dirigidos con precisión a estos grupos con un claro perfilamiento racial". A su juicio, con el retorno de Trump a la presidencia estos patrones se endurecieron tanto en los operativos de arresto como en los centros de detención, donde se han documentado "tratos crueles, inhumanos y degradantes".
Aumenta el rechazo a las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos. Foto: AFP
Un informe de Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) muestra que en algunos casos las detenciones de migrantes en Estados Unidos "violan las garantías fundamentales previstas en la legislación estadounidense y las normas internacionales de derechos humanos, con trato cruel, degradante e inhumano, uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, negligencia médica, obstáculos para obtener representación legal y deportaciones forzadas a terceros países."
Sin embargo, como señala Reagan Williams, investigadora especializada en ICE y deportaciones para Human Rights Watch, la capacidad de expertos e investigadores de derechos humanos para documentar lo que ocurre se ve limitada ante la falta de información sobre los hechos y las circunstancias de la muerte de las personas bajo custodia de ICE.
Por ello, apuntó, es un "paso importante" que el gobierno de México emprenda acciones legales para exigir que Estados Unidos rinda cuentas.
Acerca de este proceso, Edith Olivares agregó que seguirá su curso en los Estados Unidos, "y ahí la petición de Amnistía Internacional es que se respete el debido proceso, que se investigue adecuadamente a quienes son responsables de estas personas y a quienes están dando las órdenes que permiten que estas acciones sucedan".