El presidente Donald Trump anunció el 28 de agosto de 2026 que Estados Unidos habría alcanzado "el mayor acuerdo petrolero de la historia" para "asegurar el control" sobre más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, a través de concesiones de largo plazo y una nueva empresa privada operada por un socio venezolano. Trump aseguró que ese acuerdo permitiría bajar los precios de la gasolina en Estados Unidos.
Minutos después, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, corroboró el anuncio de Trump en un mensaje en su cuenta de X (exTwitter) en el que agradeció "altamente" al presidente estadounidense y al secretario de Estado, Marco Rubio, por el acuerdo que calificó de "hito histórico en las relaciones bilaterales".
Según lo informado tanto por el gobierno estadounidense como por el venezolano, Caracas otorgaría concesiones en 17 campos estratégicos y daría acceso a 65,000 millones de barriles de crudo, un tercio de las reservas probadas venezolanas, consideradas las mayores del planeta, 17% del total mundial, según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, una oficina federal encargada de recopilar datos sobre el sector.
El 29 de agosto de 2026, Rodríguez ofreció una alocución televisada para hablar del pacto, en la que, sin embargo, presentó un importante dato distinto al que anunció Trump al decir que el tiempo de vigencia sería 25 años y no 100, como había informado el estadounidense.
Ante la falta de un documento oficial que explique en detalle el acuerdo alcanzado, la información sobre lo supuestamente negociado ha ido trascendiendo en diferentes reportes periodísticos publicados en Bloomberg, Axios o The New York Times, entre otros, que, usando fuentes anónimas dentro de la administración Trump, han ido aportando datos.
El 31 de agosto de 2026, la Casa Blanca publicó una "Hoja informativa" titulada "El presidente Donald J. Trump anuncia un acuerdo petrolero histórico para asegurar el dominio energético de Estados Unidos e impulsar la recuperación económica de Venezuela", en el que se verifican algunos de esos reportes periodísticos, aunque no se ofrece el contenido total de lo pactado.
En su "hoja informativa", la Casa Blanca indica que el acuerdo otorga a la compañía privada North American Blue Energy Partners (NABEP) "concesiones por 100 años para 17 yacimientos petrolíferos con reservas probadas de aproximadamente 65,000 millones de barriles".
De acuerdo con el documento, NABEP, una empresa que opera en Venezuela y produce unos 200,000 barriles diarios de petróleo, "ha cedido (…) una participación accionaria del 35% en su empresa matriz" a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa estadounidense, una unidad encargada de financiar proyectos en tecnología y cadenas de suministro claves para la seguridad nacional.
El Departamento de Estado de Estados Unidos tendrá derecho a comprar "el 20% garantizado de la producción de todos los yacimientos actuales y futuros que opere" NABEP, a precio de costo, lo "que puede facilitar la reposición de la Reserva Estratégica de Petróleo". Adicionalmente, el Departamento de Estado tendrá "prioridad de compra sobre el 80 % restante de su producción"
Además, Estados Unidos tendrá poder de veto sobre los nombramientos en la junta directiva, cuya mayoría "deben ser ciudadanos estadounidenses" y que la empresa conjunta con NABEP "se regirá por la legislación estadounidense y estará sujeto a la jurisdicción de los tribunales de EE. UU.", mientras que las concesiones petroleras que Caracas otorgue a NABEP se regirán "por la nueva ley de hidrocarburos de Venezuela, adoptada con el apoyo de Estados Unidos" publicada en la Gaceta Oficial venezolana e 7 de julio de 2026.
En el mensaje que dio al país el 29 de agosto de 2026, la presidenta interina Rodríguez señaló que "el acuerdo parte de una premisa muy sencilla: cada parte aporta aquello que puede hacer mejor. Venezuela aporta petróleo, su industria y la experiencia de sus trabajadores durante más de 100 años. Estados Unidos aporta capital y tecnología necesaria para recuperar y desarrollar esos activos".
Rodríguez afirmó que se trata de un "proyecto binacional suscrito por 25 años" y que "contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios".
De acuerdo con las cifras que ofreció la presidenta interina venezolana, con un precio por barril de 65 dólares, "los ingresos de nuestro país llegarían a un total de 209,335 millones de dólares para el Estado venezolano", un promedio de 19 dólares por cada barril producido.
"Este proyecto binacional contempla el desarrollo de ocho bloques verdes Greenfield en la Faja [petrolífera del Orinoco] con regalías mínimas del 16% e impuestos sobre la renta de 34% todo esto que permitirá apalancar la recuperación del país", dijo Rodríguez.
Ni Washington ni Caracas han presentado un documento provisorio o final sobre la negociación, en la que participaron, además de Rodríguez, el secretario de Estado Rubio y el de Defensa, Pete Hegseth, como indicó Trump en el primer mensaje sobre el tema en su red Truth Social.
El 1 de septiembre de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un proyecto de acuerdo para respaldar el convenio petrolero con Estados Unidos y, en esa sesión, el presidente de la asamblea, Jorge Rodríguez (hermano de la presidenta interina), aclaró que no estaban debatiendo los detalles del acuerdo, porque aún no ha sido consignado oficialmente por ambas partes.
"Llegado el punto en que se firme el acuerdo binacional, gustosamente podremos dar el debate aquí en la Asamblea Nacional; para que gustosamente podamos compartir los inmensos beneficios y ventajas que significa para todo el pueblo de Venezuela", dijo Rodríguez.
Aunque en su "hoja informativa" la Casa Blanca asegura que el crudo venezolano se procesará en refinerías estadounidenses y se extraerá mediante equipos e infraestructura de Estados Unidos, no se ha explicado oficialmente cómo será el plan de inversiones para recuperar el dilapidado sector petrolero venezolano ni cuáles serán las posibles fuentes de financiamiento.
"En este momento, nuestro interés es garantizar que el respaldo de Estados Unidos permita (…) atraer la inversión de capital necesaria para aumentar rápidamente la producción", dijo un alto funcionario estadounidense que informó a la prensa sobre el plan el 1 de septiembre de 2026 hablando bajo condición de anonimato conforme a las normas establecidas por la administración, reportó The Washington Post.
Hay dos componentes que pueden condicionar la factibilidad del convenio petrolero venezolano-estadounidense: el estado actual de la industria petrolera venezolana y el marco político y jurídico en ambas naciones.
Aunque el presidente Trump aseguró en su anuncio inicial que el acuerdo "reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses", expertos petroleros como Gerald Kepes, presidente de Competitive Energy Strategies, una consultora energética de Washington, o Paasha Mahdavi, profesor de la Universidad de California Santa Bárbara, quienes dijeron en una entrevista con la Radio Pública Nacional (NPR) que es poco probable que ese efecto se sienta tan pronto por las condiciones en las que se encuentra la industria petrolera venezolana tras años de desinversión y golpeada por sanciones estadounidenses.
Entre 2005, año que empezaron las primeras sanciones contra la industria petrolera venezolana, y febrero de 2026, el país ha registrado una caída de la producción del 70% en los últimos 20 años, según un reporte de American Petroleum Institute (API).
Además, los expertos destacan que el petróleo venezolano de la Faja Petrolífera del Orinoco es "pesado" y "sulfuroso", por lo que necesita ser sometido a costosos patrones de refinación, como indica en esta publicación de la firma noruega de investigación de temas de energía Rystad Energy, lo que lo hace comercialmente menos atractivo que los crudos livianos de otras partes del mundo, como el de Arabia Saudita y otros países productores del Medio Oriente.
Tampoco hay información sobre qué significa exactamente que Estados Unidos tendrá "bajo control", como dijo Trump, 65,000 millones de barriles de las reservas de crudo venezolanas, ni cómo debe interpretarse esa figura, considerando que la Constitución de Venezuela en su Artículo 12 indica que "los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles".
"Hay algo que debe quedar absolutamente claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos mientras utiliza capital, tecnología y capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones", afirmó la presidente interina Rodríguez, en aparente contradicción con la idea presentada por Trump de que se trata de un "regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos" y que quedará bajo su control.
Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +1 (646) 873-6087 o a factchequeado.com/whatsapp.
Lee más
¿Qué se requiere para incrementar la producción de petróleo en Venezuela?