Un panorama optimista de México. Así pintó la presidenta Claudia Sheinbaum la situación de México al presentar el 1 de septiembre de 2026, ante 300 invitados, en el patio central del Palacio Nacional, su segundo Informe de Gobierno enviado al Congreso. Las cifras que presentó, así lo sugieren.
Destacó, por ejemplo, una caída del 51% en los homicidios dolosos desde octubre de 2024 -44 asesinatos menos al día, según sus datos- y proyectó que los programas sociales llegarán a casi 43 millones de personas al cierre de 2026, con una inversión mayor a un billón de pesos (50 mil millones de euros).
También presumió un salario mínimo de 315 pesos diarios (16 euros), 153% más que en 2018, y una inversión extranjera directa récord de casi 35.000 millones de dólares en el primer semestre.
A primera vista, es un balance positivo de la Cuarta Transformación (4T), lanzada por su mentor Andrés Manuel López Obrador en 2018 y continuada por Sheinbaum. Un proyecto que prometía transformar el país, poner "primero a los pobres" y alejar las políticas "neoliberales" que, según Sheinbaum y López Obrador, solo enriquecieron a una pequeña élite.
¿Se ha cumplido esa promesa? ¿Vive el pueblo mexicano mucho mejor hoy? Analistas consultados por DW ven claroscuros y algunos nubarrones en el horizonte.
En entrevista con DW, Mariana Campos, directora general de México Evalúa, prefiere hablar más de resiliencia de la economía mexicana que de fortaleza. Pero reconoce logros: "La agenda de pagos digitales es de las más acertadas, apunta hacia la inclusión social y ayuda en el combate a la evasión fiscal".
Sobre los homicidios, matiza: "La disminución es muy buena, aunque nuestras cifras más bien apuntan a que fue de alrededor del 25 por ciento. Para que sea sostenible, hacen falta otras políticas públicas", dice la experta, posgraduada en gobernanza por la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh.
Como ejemplo, señala una necesaria reforma de las fiscalías, donde ve un cuello de botella para bajar los altísimos índices de impunidad, que rondan el 90%. Cita un estudio que su centro de pensamiento hizo recientemente, en el que constataron que ninguna fiscalía del país tiene las 14 tecnologías de investigación clave evaluadas: solo una usa cámaras corporales, solo tres tienen capacidad tecnológica para identificar direcciones IP".
Estados como Sinaloa, Michoacán o Guerrero siguen teniendo niveles muy elevados de violencia.Enrique Castro/AFP
Una de las políticas más acertadas en seguridad pública, según la licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), son los decomisos de armas, que —dice— "tienen una relación directa con la disminución de violencia" y son sin duda un alivio para algunas —aunque no todas— las regiones de México, ya que siguen existiendo estados como Sinaloa, Michoacán o Guerrero con altos niveles de violencia.
Por su parte, Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destaca el crecimiento impulsado por las exportaciones y las inversiones.
"Pero al mismo tiempo hay un débil comportamiento de la economía interna, lo que se refleja en un alto índice de informalidad", advierte el académico en conversación con DW, señalando que el 31% de la población no tiene seguridad social y que, además, no necesariamente se beneficia de los aumentos del salario mínimo. El resultado, según Martínez Cortés: "México sigue viviendo una economía de dos velocidades, un Norte pujante y un Sur-Sureste débil".
El Tren Maya, uno de los proyectos estrellas de AMLO, circulando por Quintana Roo.Daniel Becerril/REUTERS
Las megaobras de López Obrador, quien construyó dos rutas de trenes y una refinería en esa región, hasta ahora han aumentado sobre todo la especulación inmobiliaria, la violencia y la destrucción del medio ambiente, sin cerrar la brecha: el sur y el sureste siguen concentrando los estados más pobres del país.
Otro foco rojo es el choque entre el gasto social y la estabilidad fiscal. "Hay una política de elevar el salario mínimo inconsistente con la productividad laboral, y eso crea condiciones difíciles para el sector privado", señala Campos, quien recuerda que "se perdieron 700 mil empleos formales" mientras crece la informalidad.
Además, "perdió calificación la deuda soberana, fue degradada, hay focos amarillos en las finanzas públicas (...) enfrentamos un riesgo de perder el grado de inversión, [lo que] encarece el costo para toda la economía".
Donde el deterioro es más tangible para la población es en la salud: "Hay desabasto de medicamentos, ha aumentado el gasto de bolsillo", denuncia Campos, advirtiendo que una emergencia médica para los trabajadores del sector informal representa un alto riesgo de empobrecimiento.
Para Martínez Cortés, urge una estrategia hoy ausente: "Nos hace falta una política de desarrollo productivo integral, enfocada en el mercado nacional y con especializaciones regionales". Sin ella, advierte, el crecimiento seguirá concentrado en el Norte exportador, mientras el Sur-Sureste —donde vive buena parte de la población en pobreza— sigue esperando esa transformación.
En efecto, 34 millones de personas trabajan en la informalidad, como "laboralmente vulnerables", es decir, 56 por ciento de la población ocupada de todo el país, según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de agosto.
"Tener un buen servicio de educación y de salud es muy importante para los más pobres, pero no ha sido la prioridad en este gobierno", resume Campos. Más allá de una economía resiliente, de bajar los homicidios y de pagar programas sociales, queda mucho por hacer para garantizar un bienestar duradero para quienes menos tienen.
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(ms)