COMUNICADO DE PRENSA

PROYECTO 13 113

DE DECLARACIÓN

EXPTE. D-88/2020

NEUQUÉN, febrero de 2020*

SEÑOR PRESIDENTE:

  Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, y por su intermedio a los señores diputados provinciales que conforman los distintos bloques políticos de la Honorable Legislatura del Neuquén, a efectos de presentar para su tratamiento el presente proyecto de declaración.

  Quedando a la espera de una favorable resolución legislativa, saludamos con nuestra más distinguida consideración.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

DECLARA:

Artículo 1.º  Su repudio al proyecto de ley presentado por el senador nacional Guillermo Snopek, en   relación a la pretensión de intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy (Expte. 3553/19), por afectar el Estado de derecho, los principios republicanos de gobierno y el normal funcionamiento de las autonomías provinciales.

Artículo 2.º  Comuníquese al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación Argentina.

FUNDAMENTOS

  Recientemente el senador nacional por Jujuy, Guillermo Eugenio Mario Snopek, presentó un proyecto de ley que declara la intervención por un año al Poder Judicial de la provincia de Jujuy (Expte. 3553/19). El objetivo declarado es «... garantizar la forma republicana de gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino».

  El presente proyecto repudia dicho intento de avasallar las instituciones democráticas y republicanas establecidas por la Constitución Nacional y la Constitución de la provincia de Jujuy y porque afecta el Estado de derecho, los principios republicanos de gobierno y el normal funcionamiento de las autonomías provinciales.

  La intervención es un mecanismo de excepción. Como tal, debe ser utilizado con sentido restringido y extrema prudencia. En el mismo nombre de las instituciones que busca proteger con su dictado, el Gobierno federal debe abstenerse de utilizarlo con fines políticos o partidarios.

  Para la prestigiosa constitucionalista María Angélica Gelli, la ley que dispone la intervención debe indicar precisa y concretamente la causa de ella, no pudiendo suplirla con declaraciones genéricas como «... garantizar la forma republicana de gobierno» u otras similares que pueden encubrir situaciones violatorias de la telesis constitucional. Sin lugar a dudas, este proyecto encubre la intervención de manera ilegal e inconstitucional del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, gobernada por el radical de Juntos por el Cambio, Cr. Gerardo Morales.

  El instituto de la intervención ha sido utilizado frecuentemente en nuestro país como arma política de los gobiernos centrales para avasallar las autonomías provinciales.

  La historia de la intervención en nuestro país es la historia de desencuentros entre la Nación y las provincias y del uso y abuso que hizo el Gobierno federal del instituto.

Dicho intento contradice la declaración de principios efectuada por el presidente de la República Dr. Alberto Fernández en el Congreso de la Nación Argentina en oportunidad de asumir su mandato, quien afirmó su intención de que no haya operaciones políticas sobre el Poder Judicial.

  Lejos de dichas afirmaciones, el intento de intervenir el Poder Judicial se enmarca en un claro, metódico y sistemático accionar destinado a desmantelar distintas causas judiciales en trámite en diferentes juzgados de la República, presionando —directa e indirectamente— sobre funcionarios judiciales y del Ministerio Público, en claro conflicto de intereses con las funciones que juraron representar al asumir.

  Se pretende dotar de impunidad y dejar libre a Milagro Sala, que se encuentra con prisión domiciliaria por estar condenada en cuatro causas judiciales.

  Las ilegales operaciones sobre la Justicia en pos de desmantelar la marcha de procesos judiciales en trámite, los equipara con el más rancio golpismo y las asonadas militares que tuvieron lugar en el país luego de la restauración democrática de diciembre de 1983 y al igual que hoy, tenían por objeto el fin de los juicios contra militares por la represión atroz e ilegal y el terrorismo de Estado. Ayer se amotinaban militares exigiendo el fin de los juicios. Hoy son algunos políticos los que mediante ardides y manipulaciones exigen el fin de procesos judiciales en marcha que garanticen su impunidad.

  Es imposible pretender argüir persecución política cuando el Poder Judicial jujeño enjuició respetando el derecho constitucional de defensa. El imperio de la ley que nos iguala a todos no debe ser manoseado ni manipulado cuando algún resultado electoral en una provincia no gusta a los circunstanciales administradores del Estado nacional.

  Por ello, por la liviandad con la que se echa mano a un instituto excepcional, es que consideramos importante se emita la siguiente declaración por parte de esta Honorable Legislatura.

Fdo.)  Por el bloque Juntos por el Cambio: AQUIN, Luis Ramón; ESTEVES, Leticia Inés; GASS, César Aníbal; QUIROGA, Maria Ayelen; MONTECINOS VINES, Karina Andrea, y CASTELLI, Lucas Alberto.