Ante el "apretón" que enfrentan varias entidades del Estado por la difícil situación de las finanzas públicas, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Hacienda tomar medidas para evitar que las restricciones presupuestales terminen afectando la salud.
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En una decisión, revelada por Noticias RCN, el alto tribunal pidió adoptar las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2027.
La UPC es el valor que el sistema reconoce por cada afiliado y lo gira a su EPS para financiar la atención en salud. La cifra se determina cada año mediante un estudio técnico que calcula el costo promedio de atender a un paciente combinando los datos históricos de gastos de las EPS con proyecciones de inflación y demanda.
De acuerdo con la decisión de la Corte, la definición de la UPC para 2027 deberá estar respaldada por evidencia técnica y las necesidades reales de financiación del sistema.
La discusión cobra especial importancia porque la UPC estuvo desfinanciada, como señaló la misma Corte, durante el gobierno Petro. De hecho, ese alto tribunal ha señalado que su suficiencia resulta determinante para garantizar el derecho a la salud de los colombianos.
Cabe señalar que el Gobierno habría aceptado pasar $2 billones más al sector de la salud en la ponencia del presupuesto que ayer pasó su primer debate en el Congreso. Esto, teniendo en cuenta los desafíos económicos para garantizar el sistema de salud.
No es la primera vez que la Corte Constitucional interviene por la suficiencia de la UPC. En enero de 2025, mediante el Auto 007 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 declaró el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC correspondiente a 2024.
En esa decisión, la Corte ordenó al Ministerio de Salud adoptar medidas para garantizar la suficiencia de la prima. También abrió un incidente de desacato contra el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por no tomar cartas en el asunto, pues la UPC habría seguido desfinanciada.
La Corte ha insistido en que la UPC no puede definirse únicamente a partir de una variable. En sus decisiones de seguimiento ha reclamado información confiable y estudios técnicos que permitan determinar si el valor reconocido realmente cubre los servicios y tecnologías que deben garantizar las EPS.
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