[Memoria Viva/Chilevisión]
La chilena Bernarda Rosalba Vera Contardo no era en realidad una detenida desaparecida.
La mujer, que por décadas se consideró como una de las víctimas de desaparición forzada de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, está viva y tiene residencia en Argentina.
Desde que se le perdió el rastro en octubre de 1973, poco después del golpe de Estado, se volvió a casar, tuvo otros hijos, obtuvo la nacionalidad sueca y vivió por años en la provincia de Buenos Aires.
Ahí, viviendo en un balneario de Miramar, la encontró a mediados del año pasado un equipo de Chilevisión, una estación de televisión chilena.
Y ahora, la justicia ha confirmado que se trata de la misma persona que por años se creyó muerta.
El informe pericial de ADN que encargó el ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, permitió confirmar este lunes el verdadero destino de la mujer de ahora 80 años.
Los antecedentes científicos, correspondiente al perfil genético y las muestras de sus familiares disponibles en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal, acreditaron una probabilidad de identificación superior al 99,9999%, informó la justicia chilena.
Fuentes del Poder Judicial de Chile dicen a BBC Mundo que se le solicitó a la mujer someterse a una prueba, ante lo que ella habría accedido.
La diligencia se habría realizado por medio de un tribunal de Mar del Plata, Argentina.
En 1973, Bernarda Vera tenía 27 años.
Estaba casada y tenía una hija de 5 años. Trabajaba como profesora en una escuela pública en Puerto Fuy, dentro del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, en la Región de Los Ríos, en el sur de Chile.
Era una militante política activa. Formaba parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR).
La Comisión de Verdad y Reconciliación, formada en los primeros meses del gobierno de Patricio Aylwin (1990) para reconstruir las violaciones de derechos humanos cometidas tras el fin de la dictadura chilena, recibió el testimonio de los padres de Bernarda Vera, quienes le habían perdido el rastro poco antes del golpe de 1973.
El Informe Rettig, que en 1991 publicó el trabajo realizado por dicha comisión, la incluyó entonces como una de las 1.469 personas víctimas de desaparición forzada en Chile.
El reporte estableció que había sido detenida por efectivos militares el 10 de octubre de 1973 en Liquiñe, por la zona de la precordillera de Los Andes, en el sur del país.
Luego, señala el informe, habría sido presuntamente ejecutada junto a otras 15 personas.
"Se presume que fue ejecutada en el puente Villarrica sobre el río Toltén, junto a los otros detenidos de Liquiñe. Desde el momento de su detención permanece desaparecida", afirma el documento oficial publicado hace 35 años.
"De acuerdo a lo relatado por otros testigos, ella se encontraba oculta en algún lugar del Complejo Maderero, ya que era intensamente buscada por las autoridades militares".
"Sus familiares habían sido informados de que había sido condenada a muerte en rebeldía en el proceso que se habría instruido por el asalto al Retén Neltume, en el cual se le acusaba de haber participado", agrega el Informe Rettig.
El reporte sostiene que los agentes estatales "actuaron divididos en varios grupos, que se juntaron en el cruce de Coñaripe, cercano a todos los lugares en que se practicaron las detenciones. Allí tomaron el camino a Villarrica y en el puente sobre el río Toltén, ubicado a la entrada de la ciudad, les dieron muerte y arrojaron sus cuerpos a las aguas".
La dictadura chilena dejó a cerca de 40.000 víctimas de desaparición, ejecuciones ilegales, tortura y prisión política. [AFP via Getty Images]
Las primeras dudas sobre la veracidad de los hechos que rodearon la desaparición de Vera vinieron de uno de sus compañeros de militancia.
Según un testimonio que está en el archivo del Museo de Neltume y que también fue difundido por Chilevisión, el exmiembro del MIR, José Manuel Bravo, contó que un grupo grande de personas logró supuestamente escapar de los militares en octubre de 1973 y se adentraron en la montaña.
Entre ellos, afirmó, se encontraba Bernarda Vera, cuyo nombre de chapa dentro de la organización era "Anita".
"La Anita era una mujer delgada, pero de una vitalidad para poder soportar esa cosa de la vida caminando en la montaña... tuvo que sufrir toda la rigurosidad de andar en la montaña, con miles de milicos a la cola", dice en el registro.
En su libro De Carranco a Carrán: las tomas que cambiaron la historia, Bravo revela ya en 2012 que junto a Bernarda Vera se quedaron hasta diciembre de 1973 en la montaña.
Es decir, dos meses después de la fecha que se reportó la supuesta detención de alias "Anita".
Es por ese tiempo que se cree que la joven logró escapar en la clandestinidad desde Chile hacia Argentina, con la ayuda del mirista sueco Svante Grände.
Tras un período en el país sudamericano, de acuerdo con la prensa local, Bernarda Vera salió con su marido argentino y un hijo recién nacido, rumbo a Suecia.
En ese país, Bernarda Vera recibió su primer visado y permiso de residencia en 1978.
Desde ahí armó una vida y tuvo otros dos hijos.
Ya en 1984 se convertiría en ciudadana sueca y volvería a Argentina a finales de la década del 90.
Bernarda Vera logró escapar de las cámaras el día en que los equipos de prensa llegaron a su puerta.
Su hijo Maximiliano, sin embargo, habló con ellos fuera de micrófono.
"Dice que ella siempre imaginó que este momento llegaría, que alguien la iba a encontrar".
"Que ella no va a renunciar a la vida que ha llevado siempre, que es una mujer fuerte y no tiene miedo a nada", afirmó la periodista Florencia Valenzuela de Chilevisión, quien encontró a Bernarda Vera y habló con Maximiliano en esa oportunidad.
Y agregó: "Bernarda dice que no quiere hablar de su pasado, su hijo reafirma que ella solo quiere vivir una vida en paz".
La hija que Bernarda Vera dejó en Chile tenía sólo 5 años en 1973.
En el reportaje publicado por Chilevisión en 2025, habló Ida Sepúlveda, presidenta de la agrupación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia, cercana a Bernarda.
La mujer dijo que por años no tuvieron noticias sobre su paradero, que la buscaron incansablemente y que su hija no tenía noción de que estuviera viva.
"Yo la busqué por mucho tiempo, entonces, ciertamente estoy muy confundida. Realmente me encuentro ahora con una situación de que realmente tampoco quiero creerlo…que está viva", dijo Ida Sepulveda.
El equipo de prensa que reveló este caso contactó a la hija de Bernarda Vera y le contó que habían dado con ella en Argentina.
En esa oportunidad, la mujer de 58 años no quiso dar una entrevista, pero habría transmitido incredulidad.
"Está convencida de que si su madre estuviera viva la hubiera contactado", afirmó Valenzuela en su reportaje.
En conversación con BBC Mundo, la periodista cuenta que "cuando yo fui a hablar con ella estuvimos mucho rato conversando, fue súper duro porque igual uno va como periodista, yo le necesitaba contar lo que estábamos haciendo; que habíamos encontrado a su mamá. Y ella no creía. Fue duro porque uno no sabe cuál es la historia familiar. Nosotros sí sabíamos que ella como hija la había estado buscando por mucho tiempo".
Este lunes el ministro en visita le confirmó la verdad a la hija, al darle a conocer el resultado del informe pericial de ADN.
Si la familia tenía o no conocimiento del destino de Vera es ahora una pregunta que se hacen las autoridades en Chile.
La madre de Bernarda recibió una pensión de reparación en vida como familiar de víctima de violaciones a los derechos humanos, la que le correspondía por ley. Su hija, quien además se encuentra en situación de discapacidad, también percibe beneficios.
Patricio Aylwin fue el primer presidente elegido en democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet. En su gobierno se creó la Comisión de Verdad y Reconciliación que calificó a las víctimas del régimen. [Rafael Wollman/Gamma-Rapho vía Getty Images]
Tras confirmarse que en realidad Bernarda Vera no es una detenida desaparecida, miembros de la derecha chilena han pedido que se investigue si se ha configurado algún delito o si esos fondos se percibieron de mala fe.
Diputados afines al gobierno del presidente derechista José Antonio Kast exigieron que estos recursos sean recuperados por el Estado y llamaron a perseguir responsabilidades.
La causa judicial sobre la desaparición de Bernarda Vera se abrió en 2009, luego de que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior presentara una querella por su desaparición.
Ese proceso se sobreseyó temporalmente en 2014 por no haberse podido comprobar las circunstancias de su desaparición.
De acuerdo al abogado que presentó la acción judicial, Vladimir Riesco, la hija de Bernarda Vera declaró en esa causa y afirmó que desde 1973 nunca más tuvo contacto con su madre.
En 2025, el Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa impulsada por el gobierno del expresidente de izquierdas Gabriel Boric para dar con el destino final de los detenidos desaparecidos, contactó a su hija tras constatar incongruencias en el caso de Bernarda Vera.
Antes de eso, afirmó Riesco al diario El País Chile, su hija "sabía lo que habían dicho algunos amigos de su mamá, gente antigua de la época. Pero todos eran testigos de oídas y no había nadie que haya visto una detención. Jamás en su vida tuvo contacto con su mamá".
"Yo sé que la hija siempre actuó de buena fe, porque no tenía ningún antecedente y solo sabía lo que estaba en el Informe Rettig", agregó.
El reportaje televisivo no solo dio pistas sobre el verdadero paradero de Bernarda Vera.
También dio cuenta de que diversas autoridades del Estado habrían tenido conocimiento por años de incongruencias respecto de su destino y no actuaron de manera diligente.
Tras conocerse los antecedentes en 2025, el caso le abrió un flanco al entonces presidente Boric.
El expolicía Sandro Gaete, quien formó parte del Plan de Búsqueda y luego renunció, acusó que las autoridades de esa administración tuvieron evidencias de este hecho en 2024 y no lo denunciaron a la justicia.
De acuerdo con su versión, el Estado chileno manejaba información que se remontaba a 2007.
El gobierno de Boric afirmó en su momento que remitió los antecedentes que tenían oportunamente al ministro Álvaro Mesa, quien abrió la investigación que ahora ha dado con la respuesta definitiva sobre el caso.
Desde el gobierno actual han informado que van a instruir investigaciones sumarias para establecer eventuales responsabilidades administrativas y oficiarán al Consejo de Defensa del Estado para que se persigan acciones legales.
Lo que aún queda sin respuesta son las razones de Bernarda Vera.
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