La imagen del presidente Abelardo De La Espriella caminando entre 23 cuerpos de presuntos guerrilleros de las disidencias de las FARC, empacados en bolsas plásticas blancas y exhibidos ante los medios en el piso de un batallón militar en el departamento del Guaviare este miércoles, ha desatado todo tipo de críticas por varios sectores políticos y opositores, pero también de respaldo de sus seguidores y de integrantes de su movimiento político Defensores de la Patria.
Los críticos advierten que la exposición pública de cadáveres contraviene los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), los cuales prohíben los tratos afrentosos y la instrumentalización de la dignidad de los caídos en combate con fines propagandísticos.
"Se pasea entre las bolsas con los cadáveres. Casi los pisa con desprecio. Se dice cristiano, pero en realidad es un ser sin escrúpulos y sin el más mínimo sentido de humanidad", sostuvo Iván Cepeda, senador del partido de izquierda Pacto Histórico y quien se enfrentó como candidato presidencial a De La Espriella en las elecciones de junio.
Por su parte, los partidarios del mandatario colombiano sostienen que las imágenes constituyen un acto de disuasión estratégica y un respaldo explícito a la Fuerza Pública. Desde esta postura, se busca transmitir un mensaje de autoridad frente a los grupos armados ilegales. "¿Deshumanización de la muerte? Por favor. Deshumanización es secuestrar, masacrar, reclutar niños, niñas y adolescentes, violar, imponer abortos forzados y sembrar terror en comunidades enteras. ¿No quieren terminar así? Fácil: dejen las armas, entréguense y sométanse a la justicia", sostuvo en una publicación en X Cristina Plazas, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y partidaria del gobierno de De La Espriella.
Este episodio expone una encrucijada estructural sobre los límites éticos y legales del Estado en el combate a la criminalidad, las formas en que se comunican los resultados operacionales contra los grupos armados ilegales y el respeto por las normas internacionales de defensa de los derechos humanos.
"El Derecho Internacional Humanitario no distingue entre muertos buenos y malos. El combatiente muerto es persona protegida y la norma prohíbe exponerlo a la curiosidad pública. Esa prohibición no protege al muerto, protege a la madre que reconoce a su hijo en televisión, en fila, sobre el piso de una bodega. Que fueran guerrilleros no exime de nada. Un Estado se distingue de sus adversarios por cómo trata a los vencidos, incluso después de muertos", afirmó el caricaturista y analista Vladimir Flórez, Vladdo.
El debate apenas empieza. Y el Gobierno acata la orden de De La Espriella de atacar sin tregua a los grupos al margen de la ley. En la madrugada de este viernes, en la zona rural de Riohacha, La Guajira, fue abatido Naín Andrés Pérez Toncel, conocido en el alias 'Bendito Menor' o 'Naín'. Este hombre era considerado uno de los principales objetivos de inteligencia y jefe máximo del grupo armado ilegal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Junto con él fueron abatidos otras tres personas, según anunció el mandatario en una declaración desde el departamento de La Guajira acompañado de la cúpula militar.
Una de las principales promesas de Abelardo De La Espriella en campaña era acabar con la llamada política de 'paz total' del saliente gobierno de izquierda de Gustavo Petro y combatir a todos los grupos armados ilegales. Y fue de sus primeras decisiones como mandatario. De La Espriella suspendió todos los frustrados diálogos de paz y declaró la guerra a las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y a las bandas criminales al servicio del narcotráfico.
"No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad. Se acabaron las mesas sin resultados y beneficios, sin que haya contraprestaciones reales", sostuvo el mandatario en una alocución el 30 de agosto.
De La Espriella ha ordenado varios bombardeos, especialmente en el departamento del Guaviare, contra un frente al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco", uno de los principales cabecillas de las disidencias de las FARC por el que el Ministerio de Defensa ofrece una recompensa equivalente a US$ 1.5 millones.
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El presidente colombiano ha reiterado públicamente que él, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ha dado la orden para ejecutar esas acciones. "Vamos detrás de ti, 'Mordisco", no podrás escapar de la acción del gobierno. De la determinación de nuestra Fuerza Pública. Cada gota de sangre que nuestros ciudadanos, nuestros policías y soldados han derramado por ti, será cobrada como corresponde. Cuando menos pienses, una bomba va a caer sobre ti", dijo este lunes De La Espriella.
Estas acciones militares ofensivas han dejado, además de guerrilleros muertos, varios menores de edad fallecidos tras los ataques. La Defensoría del Pueblo sostiene que, aunque estos menores hagan parte, presuntamente, de grupos armados ilegales, tienen derechos que deben ser garantizados. "Tras el reciente bombardeo en El Retorno, Guaviare, en el que murieron tres menores de edad, reiteramos que el reclutamiento está absolutamente prohibido por el DIH y es responsabilidad de los grupos armados que continúan incurriendo en esta abominable práctica. Pero los menores de edad reclutados siguen siendo víctimas, y el Estado debe extremar las precauciones y evaluar alternativas que permitan proteger sus vidas", expresó Iris Marín, Defensora del Pueblo de Colombia este martes.
Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro también se registraron muertes de menores de edad durante bombardeos a campamentos de grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional de Medicina Legal documentaron más de 60 casos de menores de edad que perdieron la vida en estas acciones militares ordenadas por el exmandatario.
Este jueves, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó la suspensión de bombardeos militares en zonas donde se presuma o verifique la presencia de menores de edad reclutados. La decisión judicial, emitida como medida cautelar tras la admisión de una acción de tutela, frena los ataques aéreos en aquellos casos donde exista información "cierta, objetiva o razonablemente verificable" sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes. El fallo argumenta que el Estado debe priorizar el principio de precaución y el interés superior del menor, reconocido tanto en la Constitución Política como en los tratados internacionales suscritos por Colombia. Las normas vigentes consideran a los menores como víctimas de reclutamiento forzado, y no combatientes legítimos.
Desde la toma del mando del nuevo Gobierno el 7 de agosto se han registrado varios ataques terroristas en departamentos como el Cesar, Cauca, Antioquia, Tolima, Huila y Norte de Santander. En este último ocurrió el más reciente atentado en la noche del lunes contra una estación de policía en el sector Los Patios, zona metropolitana de la ciudad de Cúcuta que dejó una persona muerta y una decena de heridos.
En consonancia con su política de mano dura, el Ejecutivo ha priorizado la presión militar y el uso estratégico de la Fuerza Pública contra los cabecillas de organizaciones terroristas. No obstante, esta estrategia ofensiva ha reabierto las alertas en sectores defensores de derechos humanos, mientras el Ministerio de Defensa defiende la legitimidad y el cumplimiento de los protocolos del Derecho Internacional Humanitario.
"La mano dura suele dar resultados inmediatos, pero esto no necesariamente se traduce en el desmantelamiento de estas estructuras. Es por esto que el país no puede olvidar lo que representó una política de seguridad democrática basada en resultados, que tuvo como desenlace la huella de los mal llamados «falsos positivos». Por ello, hoy es necesario preguntarnos: qué tipo de seguridad está construyendo el nuevo Gobierno y para quién: una que disminuya la violencia y proteja a quienes habitan los territorios, o una que vuelva a medir el éxito por la contundencia de la fuerza mientras deja en segundo plano los costos humanos de la guerra", sostiene Paula Morales, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, PARES.
Los atentados contra líderes sociales también han continuado en los primeros días del gobierno de De La Espriella. "El asesinato de James Flor y María Ovidia Palechor enluta nuevamente al Cauca. Dos liderazgos, dos vidas al servicio de sus comunidades. Exigimos justicia y garantías para quienes siguen defendiendo la vida en los territorios", reportó este martes el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
Con James y María, son 103 los líderes sociales asesinados en lo que va del año.
El desafío para la Casa de Nariño radica en equilibrar la contundencia operativa exigida por su electorado con la estricta sujeción a los principios constitucionales y de protección a los Derechos Humanos, evitando que la lucha frontal contra el terrorismo erosione la legitimidad del Estado en los territorios más afectados históricamente por la violencia.
El presidente De La Espriella tiene otro frente de batalla: la lucha contra los cultivos ilícitos y los jefes de las bandas criminales al servicio del narcotráfico. "He firmado 41 extradiciones en 19 días de gobierno. Vamos a seguir firmando más, porque la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico no se detiene: los vamos a derrotar", dijo el mandatario el 28 de agosto. Al tiempo que anunciaba que su Gobierno retomará las fumigaciones contra los cultivos ilícitos de hoja de coca. Todo esto en el marco de la cooperación judicial y militar con Estados Unidos en el llamado Escudo de las Américas.
Una nueva etapa de operaciones conjuntas que quedó ratificada con la visita del general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos que estuvo en varias guarniciones militares, especialmente en la frontera con Ecuador y anunció que su país apoyará de manera decidida los esfuerzos en la lucha contra las drogas anunciada por De la Espriella.
Todo esto ocurre en medio de una crisis social originada por el terremoto del pasado 10 de agosto, a solo 3 días de asumir De la Espriella el poder, y que deja hasta el momento 331 personas muertas, 4.497 heridas, 152 desaparecidas y cerca de 450.000 colombianos afectados por el desastre natural.
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