Perú declaró estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad para permitir que policías y militares tomen el control de esos recintos, en busca de frenar la inseguridad ciudadana, según un decreto del gobierno publicado el sábado.
La emergencia, que tendrá una vigencia de 60 días, permitirá además a las fuerzas armadas y la policía ejecutar acciones para "garantizar el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de las cárceles", según el decreto del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, quien asumió al poder a fines de julio.
En un comunicado presidencial, el gobierno dijo que la medida busca combatir "a las organizaciones criminales que dirigen sus delitos desde las cárceles hacia el exterior". Los cinco penales en emergencia albergan cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales, agregó.
Perú enfrenta una ola de delincuencia con una tasa de homicidios que aumentó a 10.7 por cada 100,000 habitantes el año pasado, frente al 10.1 en el 2024, según datos oficiales.
El domingo previo, un grupo de sicarios vestidos como policías asesinó a cuatro personas y secuestró a un empresario que operada una mina informal en el norte del país, y luego de unas horas fue liberado tras pagar un rescate, según la policía.
El gobierno ha solicitado al Congreso poderes legislativos por 120 días para aprobar una serie de medidas contra el avance del crimen, entre ellas declarar a las organizaciones criminales como "terroristas"; además para prevenir los efectos del fenómeno climático de El Niño.
La oposición en el Congreso ha mostrado reparos en el pedido de la líder derechista, que prometió en su campaña electoral mano dura contra la inseguridad como gobernó su padre, el fallecido exmandatario Alberto Fujimori, quien estuvo en prisión condenado por abusos a los derechos humanos.