Una toma abierta muestra una embarcación en medio del océano, rodeada por un buque y un helicóptero. Instantes después, se observa el nombre de la nave, "Don Rufo", y cómo una lancha rápida se aproxima con personas uniformadas y se lleva a los tripulantes. Por último, de nuevo desde una panorámica, se ve cómo el vehículo explota y deja una densa columna de humo tras de sí.
Este es el video que el Comando Sur de Estados Unidos difundió el 8 de septiembre en su cuenta de X, donde informó sobre su más reciente operación conjunta con las fuerzas de Ecuador para interceptar una embarcación presuntamente involucrada en actividades de narcotráfico.
De acuerdo con el Comando Sur, era una embarcación ligada a la banda de Los Choneros —a la que Estados Unidos considera terrorista— y que fungía como punto de reabastecimiento para narcotraficantes en movimiento por el Pacífico oriental. Según el reporte, antes de que la nave fuera destruida, los tripulantes fueron entregados a las autoridades de Ecuador, cuya Armada dijo más tarde que recibió a seis hombres del "Don Rufo" y que otros 10 lograron escapar antes de la interceptación.
El hecho no representa un caso aislado. Es parte de una intensificación en las operaciones conjuntas que Estados Unidos está realizando con algunos países de América Latina para combatir a los grupos criminales, tarea que Washington considera prioritaria para su seguridad y la del continente.
De hecho este fin de semana, el Southcom enfatizó su mensaje a través de una publicación en X: "Las fuerzas de élite estadounidenses de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) permanecen vigilantes en la región y listas para emprender acciones decisivas a fin de combatir las amenazas", dice el posteo. "Las fuerzas militares de EE. UU. están desplegadas en el área de responsabilidad del #SOUTHCOM en apoyo a la JTF-WHEM, a las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra (sic) y a las prioridades del presidente: desarticular el tráfico ilícito de drogas, disuadir a actores maliciosos y proteger la nación mediante una presencia continua".
Durante este año, Estados Unidos ha llevado a cabo acciones conjuntas con fuerzas de Ecuador, Venezuela y México. Según analistas, esta tendencia —a la que otros gobiernos han dicho que podrían sumarse— refleja la intención del Gobierno de Donald Trump de extender su influencia en la región e implica diversos desafíos para los líderes latinoamericanos.
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En marzo, los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador anunciaron operaciones conjuntas contra grupos criminales. Días después, autoridades de ambos países informaron sobre la destrucción de un supuesto campamento de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque pobladores de la zona dijeron a CNN que ahí no había un puesto operativo de narcotraficantes sino un área de actividades agrícolas.
En los meses siguientes, los dos departamentos redoblaron las labores. Desde finales de agosto hasta ahora, han realizado arrestos de presuntos integrantes de Los Choneros y Los Lobos —otra banda a la que Estados Unidos designó terrorista—, así como al menos seis interceptaciones de embarcaciones presuntamente ligadas al tráfico de drogas. El Comando Sur dijo que tan solo en la operación del 5 de septiembre hubo varios vehículos implicados.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló el 9 de septiembre sobre la cooperación bilateral en seguridad. Durante una gira por Ecuador, donde se reunió con el presidente Daniel Noboa, aseguró que el país es el "mejor aliado" de Estados Unidos en la región para combatir a los criminales. Además, anunció la entrega de un buque y cinco botes interceptores y la gestión de recursos para estas tareas anticrimen.
Glaeldys González, analista de la organización no gubernamental International Crisis Group, dijo a CNN que Noboa tiene incentivos para buscar la ayuda de Estados Unidos porque combatir la inseguridad es una de sus prioridades y Ecuador no tiene las herramientas suficientes para enfrentar a grupos violentos que han adquirido mayor poder.
Sin embargo, la especialista advirtió que esto también tiene riesgos, como que la destrucción de embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico dificulte llevar a cabo investigaciones judiciales que podrían llevar a desarticular redes delictivas amplias o que haya posibles violaciones a los derechos humanos.
"Hay un riesgo. Los grupos criminales utilizan mucho a los pescadores para llevar la droga, muchas veces bajo amenaza e intimidación. Hay pescadores que no tienen que ver que pueden caer como objetivo de este tipo de operativos", expuso.
En septiembre del año pasado, mucho antes de que Estados Unidos y Ecuador anunciaran sus operaciones conjuntas, fuerzas estadounidenses comenzaron ataques contra supuestos narcobotes en aguas del Caribe y el Pacífico oriental. Desde entonces, más de 200 personas han muerto en estas acciones militares, cuya legalidad es cuestionada por varios especialistas y organizaciones de derechos humanos. De su lado, Estados Unidos defiende su estrategia con el argumento de que busca proteger la seguridad nacional y evitar que drogas lleguen a su territorio.
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En junio, Venezuela se convirtió en otro escenario de operaciones conjuntas entre fuerzas estadounidenses y latinoamericanas. A mediados de ese mes, Trump dio a conocer la muerte del líder criminal Héctor Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", en un operativo "coordinado estrechamente" con autoridades venezolanas.
Más tarde, el Gobierno de Venezuela dijo en un comunicado que el fallecimiento del jefe del Tren de Aragua —otra organización designada terrorista por Estados Unidos— ocurrió "en el marco de una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos en el sureste del estado Bolívar".
"La operación contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países", agregó el texto, sin dar mayores detalles.
El operativo contra "Niño Guerrero" ocurrió cuando habían transcurrido cinco meses desde la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada.
Desde entonces, la relación entre Estados Unidos y Venezuela ha dado un giro de 180 grados en comparación con las más de 20 décadas de gobiernos chavistas. Rodríguez no solo ha dicho estar dispuesta a cooperar con Estados Unidos, sino que ha abierto las puertas a la inversión extranjera y recientemente anunció un acuerdo que da a los estadounidenses el control de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano.
Trump y otros altos funcionarios de Estados Unidos han elogiado la nueva colaboración con Venezuela, pero, fuera del operativo contra "Niño Guerrero", la seguridad no ha ocupado un lugar prioritario en la agenda común, al menos no públicamente.
En agosto, el Comando Norte de Estados Unidos informó que por primera vez utilizó un sistema láser para derribar drones presuntamente usados por carteles del narcotráfico en la frontera con México. En un principio reportó el derribo de tres drones y en septiembre actualizó la cifra a 11.
La Secretaría de la Defensa de México, por su parte, dijo que las fuerzas estadounidenses le notificaron sobre la situación y actuaron sobre su propio territorio. También señaló que estas "operaciones concurrentes" —o "espejo"— son comunes en la zona fronteriza y, días después, anunció una operación antidrones entre San Diego y Tijuana en dos fases: una del 31 de agosto al 2 de septiembre y otra del 7 de septiembre al 21.
"La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se lleva a cabo con pleno respeto a la soberanía nacional y se rige por los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos, privilegiando en todo momento los intereses del Estado mexicano", aseguró la institución.
Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, dio algunos detalles más el 11 de septiembre. Durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que hay comunicación constante entre ambas partes, que Estados Unidos ha informado que los drones detectados principalmente son usados por quienes buscan traficar migrantes por la frontera, que México utiliza equipos inhibidores contra estos aparatos y que hasta ahora no se han detectado casos del lado mexicano.
Estas operaciones no solo se dan en el contexto de un creciente uso de drones por parte de grupos delictivos en América Latina, según advierten autoridades y expertos, sino también del constante estira y afloja en la relación entre México y Estados Unidos.
Del lado de México, autoridades afirman que hay disposición, cooperación en seguridad y constante intercambio de inteligencia, mientras rechazan que pueda haber operativos de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano, algo que han planteado Trump y otros miembros de su gabinete.
Roberto Zepeda, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo a CNN que el trabajo conjunto en seguridad tiene muchos años y, si bien existen tensiones, México ha establecido límites.
"Creo que es muy poco factible o muy remoto que Estados Unidos decida hacer algo unilateral. Creo que está muy clara la línea roja que ha trazado el Gobierno de Sheinbaum que no se puede cruzar. Evidentemente, hay un interés en la colaboración, pero también sin subordinación. Eso implicaría que todas las acciones que se hagan sean en coordinación", expuso.
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En diciembre pasado, cuando publicó su estrategia nacional de seguridad, Estados Unidos hizo explícita la intención de ampliar su influencia en el continente. Para lograrlo, planteó medidas como reunir aliados en la lucha contra la delincuencia.
Sobre esa línea, Trump anunció en marzo el Escudo de las Américas, una iniciativa a la que convocó a otros gobiernos para combatir conjuntamente a los grupos criminales y en la que ya participan países como Argentina, Ecuador y El Salvador.
En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella —quien asumió el cargo el 7 de agosto— señaló que su país también se integrará al Escudo de las Américas y abrió la puerta a tener una colaboración estrecha con Estados Unidos en materia de seguridad. Del mismo modo, Perú informó recientemente que también se unirá al Escudo.
Dentro de Centroamérica, Guatemala indicó en mayo que pidió el apoyo de Estados Unidos para luchar contra los grupos criminales, pero rechazó que esto implique el despliegue de fuerzas estadounidenses. De manera similar, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, dijo este mes a la agencia Reuters que operaciones terrestres de Estados Unidos "le harían muy bien" a su país, aunque subrayó que esto necesitaría el visto bueno del Poder Legislativo.
"Se advierte una nueva política exterior de Estados Unidos hacia la región de Latinoamérica en diversos temas, uno de ellos es el combate a los grupos de la delincuencia organizada transnacional, que Estados Unidos lo ve como un problema regional", consideró Zepeda.
En una región donde las organizaciones delictivas son una amenaza creciente, varios gobiernos ven a Estados Unidos como un potencial aliado que puede brindar recursos, inteligencia u otras herramientas. Pero hoy es incierto cuánto tiempo más la administración de Trump tendrá interés en atender estas alianzas y qué costos podrían tener para los países latinoamericanos.
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